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El inicio del mandato en los ayuntamientos es un buen momento para abrir grandes melones que están muy arraigados desde hace tiempo. Y en Barcelona, fueron los vecinos de la Sagrada Familia los que obligaron al gobierno del alcalde Jaume Collboni a tomar cartas en el asunto en un tema tan delicado como la ampliación del templo, que afectaría a un número indefinido de vecinos, lo que ha sido cuantificado. en el año 1.000. La autoridad constructora quiere construir una escalera en la calle Mallorca (aunque esto no estaba previsto en el proyecto original), donde dará a la fachada Gloria, la fachada principal. Y los dos bloques de viviendas hasta la calle Aragó están afectados según el plan actual, el famoso Plan General Metropolitano de 1976.
Con el paso de los años, el ayuntamiento y los residentes asumieron que habría un impacto. Y la Sagrada Familia entiende que las escaleras y el paseo no serán tan grandes como estaban previstos y que tendrá que sacar mucho dinero si expropia a los vecinos. Para tomar una decisión y ponerla en blanco y negro, la administración de la ciudad ha fijado el año 2027 para aprobar el plan de la ciudad, que determinará a cuántos residentes afectará el proyecto. El ayuntamiento supone que todas las expropiaciones y transferencias de vecinos deberán ser costeadas por la autoridad constructora.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, se ha reunido este jueves con los vecinos y ha explicado que si ahora se están arremangando en un tema tan complicado es porque la Sagrada Familia tiene previsto finalizar su construcción vertical en 2026. Ese será el caso cuando sea así. Necesita saber cuáles son los próximos pasos. “Hoy conocemos el calendario y debemos poner fin a una situación temporal que existe desde 1976 y que tiene costos e impactos en los vecinos. Nuestro deseo es que con este pedido podamos encontrar la solución urbanística definitiva para la fachada Gloria”, explicó. El ayuntamiento ve el tema como una negociación con los vecinos y el templo «sin premisas, a favor del consenso». Bonet no precisará si el consistorio apoya o no las escaleras, qué medidas tienen ni cuántos vecinos podrían verse afectados.
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El responsable de Urbanismo ha dejado claro que se está trabajando en las propuestas que han puesto sobre la mesa distintos alcaldes a lo largo de las últimas décadas. El último escenario, no oficial pero elaborado por el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau, preveía tres escenarios con intervenciones que minimizaban significativamente el impacto en las viviendas. Los planes redujeron el impacto de un millar de viviendas a tan solo 92 o 171 e incluyeron reubicar a los vecinos a pocos metros de distancia.
Los vecinos salieron satisfechos de la reunión porque el ayuntamiento se puso a trabajar. Salvador Barroso, la asociación que representa a los afectados, y Gabriel Mercadal, la asociación de vecinos, han celebrado que «las negociaciones han comenzado», que la idea tiene «el mínimo impacto» y que el consistorio espera que los costes corran a cargo de ellos. Francesc Pla, vicepresidente de la asociación de vecinos, quiso dejar claro que “para tomar una decisión es necesario sentar a la mesa a las tres partes y reunirnos de a tres: ayuntamiento, vecinos y templo”.
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