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Este martes, patronal y sindicatos rápidamente criticaron al Gobierno por aprobar «por la puerta de atrás» y «sin negociación» cambios en la estructura de la negociación colectiva, que dicen es propio de la autonomía colectiva de los agentes sociales, según el mandato constitucional. Este cambio normativo -que prevé la prioridad de los convenios colectivos autonómicos y, en algunos casos, provinciales, sobre los convenios colectivos sectoriales estatales- fue acordado entre el Ejecutivo y el PNV con el objetivo de conseguir el apoyo de los nacionalistas vascos a la reciente toma de posesión de Pedro Sánchez. . Por esta razón, el Ejecutivo no ha puesto a negociación esta reorganización legal de la negociación colectiva. Ahora el Gobierno ha incluido esta medida en el Real Decreto de reforma de las prestaciones por desempleo, aprobado por el Consejo de Ministros este martes.
El sindicato CC OO fue el primero en criticar públicamente la decisión del Gobierno. Tras analizar los cambios, el Centro afirmó que “suponen una injerencia en las funciones que el artículo 7 de la Constitución española asigna a los sindicatos y a las organizaciones empresariales”. Aunque el sindicato no rehuye negociar cambios en la estructura de los convenios colectivos, recuerda que ha pedido la apertura de un diálogo social “para abordar la articulación de la negociación colectiva entre empresas, sectores y territorios, así como la difusión de los convenios colectivos que “claramente hay margen de mejora”, critican que el Ministerio de Trabajo “ha decidido esta regulación sin involucrar a los actores sociales”.
Fuentes de UGT no valoraron el contenido de la medida, pero criticaron duramente la falta de negociación del Gobierno. Por tanto, consideran que la difusión de los acuerdos “forma parte del carácter esencial de nuestra actividad (en la organización de las relaciones laborales) y debería realizarse inicialmente en el marco del diálogo social”. De hecho, en esta organización también mencionan el mandato específico de la Constitución de que un cambio en el estatus de los trabajadores que afecte a la estructura colectiva convencional «debe ser tratado, debatido y abordado previamente en la mesa tripartita de diálogo social». Sin ello, añade UGT, se impactaría el poder legislativo que la Constitución otorga a la Cámara de los Representantes y a los partidos políticos representados en ella.
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Las asociaciones empresariales también mantienen sus fuertes críticas a esta medida, que ya han expresado en ocasiones anteriores cuando el Gobierno quiso dar luz verde a esta medida. CEOE y Cepyme creen que el Ejecutivo tiene «desprecio» al diálogo social por la forma en la que aprobó estos cambios normativos y recuerdan al Gobierno que la propia Constitución contiene el mandato de permitir a los actores sociales realizar cambios de esta magnitud en la negociación colectiva. En cuanto al fondo de la cuestión, la patronal asegura que la proliferación de acuerdos autonómicos y provinciales «ataca» la unidad del mercado y supondrá un «deterioro de la cohesión social y la competitividad» de la economía y las empresas en España.
Varios intentos
No es la primera vez que el Gobierno intenta implementar este cambio en el estatuto de los trabajadores comprometido con el PNV. Ya intentó incluir la difusión de los acuerdos autonómicos en uno de los últimos borradores de reforma laboral, algo que desapareció del texto final en el último minuto y le costó a la formación vasca un voto negativo. Por segunda vez el ejecutivo lo introdujo en el primer real decreto con el que intentó reformar las prestaciones por desempleo el pasado mes de diciembre y que el PP y Podemos derogaron en el Congreso.
Y es que en los últimos meses ha sido el PNV el que, con esta medida, ha introducido dos modificaciones en el proyecto de ley de desarrollo de la directiva europea sobre condiciones de trabajo transparentes y predecibles, que ahora tendría que ser retirada tras ser incluida en el decreto aprobado este El martes lo decidió el Consejo de Ministros. A pesar de todos estos intentos de llevar a cabo esta reforma parcial de la negociación colectiva, el gobierno nunca ha propuesto un proceso formal de diálogo con los interlocutores sociales, lo que ha provocado el malestar antes mencionado entre los actores sociales.
Esta no es la única crítica sindical que recibió el gobierno este martes. En CC OO, en el mismo decreto, también atacaron otros temas que, según el sindicato, tampoco fueron negociados cómodamente en el diálogo social. En concreto, rechazan la forma en que este texto normativo modifica la extinción de los contratos de trabajo por gran invalidez o incapacidad permanente, completa y absoluta para el trabajo. Asimismo, el sindicato ha manifestado su oposición a la modificación de la ley reguladora del Consejo Económico y Social (CES), que incluye este Real Decreto-Ley.
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