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El próximo 17 de noviembre la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) elegirá un nuevo presidente para los próximos cinco años, en un momento crítico para la institución y para el futuro de Centroamérica.
El BCIE es una institución financiera multilateral de desarrollo y una de las principales fuentes de financiamiento en Centroamérica. En 2022, el banco, cuyo objetivo es promover el desarrollo social y económico de la región, aprobó operaciones para proyectos por valor de más de 3.000 millones de dólares, en su mayoría destinados al sector público.
Sin embargo, el banco parece haberse desviado en ocasiones de sus objetivos. El BCIE proporcionó fondos y aprobó préstamos sin una supervisión adecuada que pueden haber contribuido a violaciones de derechos humanos. Además, desde la elección de Dante Mossi como presidente en 2018, el banco ha debilitado sus controles institucionales, incluso eliminando a su auditor interno, y aumentando la financiación a gobiernos autoritarios como los de Nicaragua y El Salvador.
El BCIE tiene 23 préstamos activos que financian al Gobierno de Nicaragua por un valor total de más de $3,500 millones, lo que representa aproximadamente el 28% de la cartera total de préstamos del banco. Desde abril de 2018, cuando la brutal represión de los manifestantes por parte del gobierno de Nicaragua desató una profunda crisis política, social y de derechos humanos que continúa profundizándose, el BCIE ha financiado proyectos por valor de más de 2.600 millones de dólares aprobados para el régimen de Ortega. A pesar de la gravedad de la crisis, el banco no parece haber tomado medidas apropiadas y suficientes para mitigar el riesgo de malversación de fondos o violación de sus políticas.
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Por ejemplo, el banco aprobó fondos para “ampliar la Policía Nacional de Nicaragua” y no canceló fondos hasta marzo de 2020, casi dos años después de que quedó claro que la Policía Nacional estaba implicada en graves abusos contra los derechos humanos.
En noviembre de 2020, el Fondo Verde para el Clima (GCF) de las Naciones Unidas aprobó la propuesta de financiamiento presentada por el BCIE para el proyecto Bio-CLIMA, que tiene como objetivo reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en Bosawás y las áreas descendientes de la biosfera del Río San de Nicaragua. El presupuesto total de Bio-CLIMA es de 116 millones de dólares, de los cuales 64 millones provienen del Fondo Verde del Clima y más de 44 millones del BCIE, organismo también acreditado para implementar el proyecto.
En julio de 2023, la directiva del Fondo Verde para el Clima suspendió temporalmente el primer desembolso del proyecto, al considerar que en algunos casos el BCIE había “incumplido con las políticas y procedimientos del Fondo Verde”. La decisión surge tras una investigación iniciada por el mecanismo de reparación independiente del Fondo Verde luego de recibir una queja de comunidades indígenas y afrocolombianas que alegaban que el proyecto fue aprobado sin garantizarles el derecho a una consulta libre, previa e informada.
En el caso de El Salvador, el banco tiene 14 operaciones activas con fondos aprobados que suman más de $1,600 millones. Estos incluyen préstamos a entidades gubernamentales implicadas en abusos a los derechos humanos durante la llamada «guerra contra las pandillas» impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, como la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General y el sistema penitenciario. En un informe publicado conjuntamente con la organización de derechos humanos Cristosal, Human Rights Watch documentó que las fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos bajo esta política de seguridad, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
En Honduras, el BCIE aprobó $24 millones en 2012 para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, en el noroeste del país. El préstamo proporcionó fondos a la empresa Desarrollos Energético SA (DESA), que, según una auditoría interna del BCIE, “no tenía experiencia en proyectos de producción de energía”.
El proyecto Agua Zarca también se vio afectado por otros graves problemas de derechos humanos que deberían haber alertado a las autoridades bancarias. Las organizaciones indígenas y ambientalistas, particularmente el Consejo Ciudadano de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), liderado por la destacada líder indígena y activista de derechos ambientales Berta Cáceres, se opusieron a la construcción de la presa, alegando una falta de consulta adecuada con las comunidades.
Los miembros del COPINH han enfrentado constante acoso e intimidación como resultado de su activismo. Trágicamente, Cáceres fue asesinado en marzo de 2016. Un tribunal condenó a David Castillo, exdirector de Desarrollos Energéticas, como cómplice de su asesinato y concluyó que Cáceres fue asesinada por su oposición a la construcción de la presa. Castillo, quien era funcionario de la Compañía Nacional de Energía Eléctrica de Honduras cuando Desarrollos Energético ganó la concesión, también fue investigado por presunta connivencia con funcionarios hondureños para obtener la aprobación de la presa sin los estudios ambientales adecuados.
Centroamérica enfrenta serios problemas de derechos humanos que impactan a su población y hacen que muchos busquen seguridad y protección en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Estos desafíos incluyen altos niveles de criminalidad y violencia, severos reveses democráticos particularmente en El Salvador y Guatemala, y la represión sistemática del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. La corrupción, la pobreza y la desigualdad, los ataques estatales a la prensa y la sociedad civil y los efectos del cambio climático exacerban estos problemas.
En este contexto, el BCIE puede y debe jugar un papel fundamental para ayudar a la región a abordar algunos de estos desafíos y contribuir al ejercicio de los derechos sociales y económicos de la población.
La Asamblea de Gobernadores debe garantizar un proceso de selección transparente y justo para nombrar un Presidente capaz de restablecer la confianza y la transparencia en el Banco y fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas. Esto aseguraría que el Banco cumpla efectivamente su papel como motor del desarrollo centroamericano, un papel que podría ser crucial para el futuro de los derechos humanos en la región.
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