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El escándalo que envolvió hasta la semana pasada la denuncia por agresión sexual de un agente contra el subdirector de Operaciones (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, Jota, Fue trasladado este lunes a las puertas del Ministerio del Interior. La Justicia Policial (Jupol, sindicato mayoritario) reunió a una cincuentena de manifestantes para exigir la dimisión de Fernando Grande-Marlaska y del director general de la Policía, Francisco Pardo, al que consideran el principal responsable del incidente. En la protesta participaron varios diputados del PP, entre ellos la portavoz del partido en la Comisión de Interior del Congreso, Ana Vázquez, así como la portavoz de Vox en el Parlamento de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y Samuel Vázquez, policía que ejerce como asesor del partido de Santiago Abascal en el Congreso. No es la primera vez que ambos partidos apoyan movilizaciones policiales contra el gobierno. Ya lo hacían cuando los sindicatos de agentes expresaron en la calle su malestar con la intención del ejecutivo de Pedro Sánchez de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, calificada por sus críticos como » ley mordaza.
Ana Vázquez, que en algunos momentos de la concentración sostuvo un cartel con la foto del ministro pidiendo su dimisión, aseguró que el escándalo que le costó el puesto de alto mando fue «el golpe más duro que ha sufrido la Policía Nacional en toda su existencia». Ha matizado que la existencia de la bautizada Brigada Patriótica, un grupo de agentes que presuntamente maniobraron para perjudicar a opositores políticos del PP durante el anterior gobierno de su partido, contribuyó significativamente a lo que se suponía por la existencia de la denominada Brigada Patriótica. En los primeros momentos tras salir a la luz pública la denuncia, se acusó a Grande-Marlaska de «encubrir» la supuesta agresión sexual, pero posteriormente desistió de su denuncia.
Aarón Rivero, secretario general de Jupol, entidad organizadora, ha defendido la movilización en declaraciones a los medios, citando la necesidad de un cambio en la dirección policial, empezando por el ministro del Interior y terminando en el director general de la Policía, para revertir esta situación. Rivero, que lidera uno de los pocos sindicatos policiales que utilizaron el caso DAO para exigir la salida de Grande-Marlaska, acusó al Ministerio del Interior de «aplicar una ley de silencio» en el incidente y criticó que los «canales internos no funcionaron» porque la víctima tuvo que acudir a los tribunales.
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