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la carrera de mosso d’esquadra SC colapsó el 20 de diciembre de 2021. Su ex esposa (policía como él) escribió una “nota informativa” y se la entregó a sus superiores. Allí repitió algunas acusaciones hechas por B., antiguo confidente de ambos cuando trabajaban juntos en la comisaría de Sant Adrià (Barcelona). El confidente reveló que SC pasaba información a delincuentes del barrio La Mina a cambio de dinero. El Departamento de Interior (DAI) de la policía catalana se puso manos a la obra y un juez acusó al agente de revelación de secretos y soborno. El resumen del caso al que tuvo acceso EL PAÍS plantea dudas sobre los motivos de los protagonistas y los métodos de investigación de la DAI. Él musgo Pidió que se archivara el caso y ahora ha conseguido que un juez anule la decisión de la Generalitat de suspenderle de empleo y salario.
El 19 de diciembre de 2021 se produjo un amargo intercambio de correos electrónicos entre S. y su expareja, lleno de acusaciones mutuas sobre la custodia de su hijo. Al día siguiente escribió y envió el mensaje, a pesar de que conocía los hechos desde hacía una semana y, como admitió más tarde en su testimonio ante el juez, no creía en las palabras del confidente. “Mi exmarido era un gran policía. Me hablaron de un crimen y, aunque lo dudé muchísimo, tuve que anunciarlo. No sé si B. [la confidente] “Él quería venganza, pero si no lo hubiera denunciado, podría estar aquí como acusada y no como testigo”, explicó. Tres meses después, el agente fue detenido: cuatro días después, la exmujer exigió que se pusiera fin al régimen de visitas con la menor.
El confidente le dijo a la exmujer que el policía (con el que mantenía una relación desde hacía más de 20 años) por cada consulta que hacía en las bases de datos de los Mossos sobre personas cercanas a él relacionadas con actividades delictivas en Sant Adrià le exigía 150 euros . . En su declaración como investigadora (con derecho a mentir) ante el juez, se retractó de su declaración. Explicó que tras la primera conversación con la expareja se sintió «amenazada y acosada» por unos policías que la siguieron hasta el colegio de su nieto y hasta la puerta de su casa. Eran funcionarios del Ministerio del Interior y querían más información. Sabían que uno de sus hijos es “un criminal” (así lo define ella) y siempre está en problemas, tanto dentro como fuera de prisión. Y le prometieron ayuda si cooperaba.
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“Me dijeron que si los ayudaba mi hijo podría recibir beneficios que podrían sacarlo de prisión. Pero también que le podrían hacer daño”, afirmó. La ex esposa que estuvo presente en esta reunión confirmó al juez que, efectivamente, la policía había ofrecido al cómplice “dinero de cárcel”. Fuentes policiales niegan que se hayan ofrecido a sacar al hijo de prisión y aseguran que en situaciones así se pueden ofrecer “beneficios administrativos”, como cambiar de trabajo a un recluso en prisión. De todas formas, señalan que la mujer no cooperó y fue detenida.
La nota informativa no fue la única forma en que la DAI sospechó del agente. Unas semanas más tarde, tras un tiroteo entre dos clanes en el barrio del Besòs de Barcelona, uno de ellos (los alunda) detuvo una patrulla y se quejó de que sus competidores en el narcotráfico le estaban dando un trato preferencial musgo. Un tal S. El policía, en su comparecencia ante el juez, atribuyó esta acusación a que Susana había “alardeado” de que él era su novio. “No puedes andar por estos barrios diciendo que vas a trabajar conmigo porque yo voy a tener problemas y ellos también”.
La relación con las fuentes.
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Asuntos Internos acusa a S. de realizar más de 400 consultas a siete personas “aprovechando su condición de agente” y de su elevado “acceso a bases de datos” y de transmitir información a cambio de dinero. La pista más importante son sus mensajes de WhatsApp: «Aquí no hay nada de nada», «Dígale a Molina que no busque, sino que se presente ante el tribunal». Todo limpio». S. admite que hizo estas solicitudes («¡y muchas más!») pero nunca reveló información sensible ni puso en peligro una investigación, y mucho menos por dinero. La defensa ha realizado una auditoría y llega, por ejemplo, a la conclusión de que El hijo del confidente fue consultado por el equipo de los Mossos 30.000 veces en un año; S. fue el responsable de 179 de estas consultas y la misma proporción se repitió para las otras seis personas, lo que demuestra su «interés policial».
“Mentimos, inventamos información o la transmitimos de forma distorsionada. Decimos lo que queremos porque no pueden saber si es verdad o no. Debemos ganarnos la confianza de las fuentes; Si no, no obtenemos ninguna información», explicó S. en un proceso judicial que pone de relieve las complejas relaciones entre los agentes de policía y sus fuentes en la calle. Varios mandos de los Mossos admitieron que era una práctica habitual ayudar a una fuente o pretender ayudar a una fuente, y admitieron que la información proporcionada por S. se utilizó para resolver crímenes; Por ejemplo, el asesinato a sangre fría de Valentín Moreno, miembro de los Casuals, en plena calle de Sant Adrià.
Asuntos Internos sospecha que el agente se habría embolsado “miles de euros”, pero no da ninguna indicación al respecto. La más relevante es una conversación de WhatsApp en la que S. le dice al confidente: “Que te vuelva loco, se puede hacer de inmediato”. La DAI ve esto como una prueba de culpabilidad. La defensa, en cambio, considera que se trata de una prueba de descargo porque el policía habla de un traslado para ella y supone que las fuentes en ocasiones “se ganan la vida” fuera de su relación con los policías. En el año sospechoso el musgo Afirma que recibió 295 euros en Bizzums por motivos legítimos, como un regalo o el pago de una cena. Para la defensa se trata de una «cantidad ridícula», por lo que resulta «absurdo» decir que pidió 150 euros por la información, ya que tampoco hay indicios de pagos en efectivo.
Tras su arresto, la Dirección General de Policía suspendió a S., que ahora trabaja en el sector privado, de empleo y salario. Previsiblemente pronto podrá regresar con los Mossos. El Juzgado Administrativo 12 de Barcelona le dio la razón y anuló la decisión del Ministerio del Interior al considerar que la decisión era nula por no estar justificada. El expediente de la Generalitat «no contiene indicios ni hechos concretos», por lo que la falta de motivación provocó la indefensión de la Generalitat musgodependiendo de la resolución.
La defensa solicitó el sobreseimiento del proceso penal alegando, entre otras cosas, que tanto la exmujer como el confidente tenían un “interés personal” en hacerle daño. El primero es lograr sus objetivos “en la disputa por la custodia” del menor. Y el segundo, porque con el tiempo, si el musgo Acudió al punto central de información, fue olvidada y sustituida por su nuera, con quien mantenía una pésima relación. “Mi cliente es la única persona que resultó perjudicada”, dice la solicitud de antecedentes, sobre la que el juez deberá decidir.
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