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La trama de corrupción por la que fue detenida este miércoles la ex activista socialista Leire Díez junto a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales); y el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la empresa Servinabar y amigo de Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, gira en torno a su influencia en cinco operaciones en las que, según fuentes jurídicas, se concedieron ayudas y contratos por valor de 132 millones de euros. Los tres comparecieron este sábado ante el juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, en una causa tipificada en secreto de sumario y centrada en delitos de subterfugio, malversación, tráfico de influencias y asociación delictuosa. Según fuentes jurídicas, Piña los liberó mediante medidas cautelares (revocación de pasaporte, prohibición de salida y comparecencia cada 15 días).
Dado que la fiscalía anticorrupción no solicitó el ingreso en la prisión temporal y no estuvieron presentes otras partes al tratarse de un caso secreto, el juez no pudo ordenar la detención de los sospechosos, según fuentes jurídicas. El juez Piña accedió a las medidas cautelares solicitadas por el ministerio. Sobre las 13.40 horas, Leire Díez salió sola de la Audiencia Nacional, se cubrió el rostro con una capucha y abandonó el lugar en taxi.
Piña ha tomado el liderazgo en esta investigación relacionada con la contratación pública, en la que el Ministerio Público viene trabajando desde hace algún tiempo. Según fuentes jurídicas, la atención sigue centrada en cinco operaciones sospechosas de manipulación (concesión de ayudas y bonificaciones por un importe total de unos 132 millones de euros, en las que supuestamente ejercieron influencia y recibieron a cambio supuestas contraprestaciones económicas). Entre las empresas inyectadas se encuentran Mercasa; Enusa; Polígono Industrial del Principado de Asturias (PEPA); Sepides, adscrita a la SEPI; Bar Serviña; Forestalia, empresa de energías renovables propietaria de la empresa Arapellet, que recibió 17,3 millones a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip); y Tubos Reunidos, para el que la SEPI aprobó un paquete de rescate de 112,8 millones de euros en 2021 (que contó con el preceptivo apoyo del Consejo de Ministros). Según fuentes policiales, los implicados utilizaban un grupo de WhatsApp llamado Hirurok (que significaría “nosotros tres” en euskera).
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El juez previó que los tres detenidos serían puestos a su disposición a partir de las 10 horas del próximo sábado. La Guardia Civil, que los retenía desde el miércoles, los trasladó esta mañana a la Audiencia Nacional, donde llegaron a las 8.30 horas. Según fuentes jurídicas, Díez y Alonso ejercieron su derecho a no declarar. Según estas fuentes, Fernández Guerrero respondió preguntas y negó irregularidades.
Dado que está clasificado, los detalles de este nuevo resumen sólo se conocen esporádicamente. Según fuentes cercanas a la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado cree que los sospechosos forman parte de una presunta trama de corrupción iniciada tras la llegada del PSOE a La Moncloa tras la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy (PP) a mediados de 2018. Luego Fernández tomó el mando de la SEPI y Díez fue nombrado jefe de comunicación de Enusa, la empresa pública de uranio cuyo presidente era un dirigente cercano a José Luis Ábalos, José Vicente Berlanga, que también está bajo sospecha.
Según fuentes jurídicas, el instituto armado investigó varias operaciones sospechosas que tuvieron lugar al menos entre 2021 y 2023; y que dio lugar a importes facturados que, según los corredores, correspondían a supuestas comisiones. Este sábado, Fernández Guerrero fue consultado por los contratos y por Servinabar, para la que también trabajó como consultor externo. Fuentes de la defensa de Leire Díez han afirmado que ella ejerció su derecho a no declarar porque el caso se mantuvo en secreto y no sabía de qué se la acusaba; Sin embargo, agregaron que no lo descartan en el futuro una vez que tengan acceso al contenido del resumen.
Fuentes jurídicas dijeron este jueves que ya se habían llevado a cabo 19 registros en varias provincias de España. Entre otras cosas, la UCO acudió a un piso de la calle Diego de León de Madrid, donde Díez mantuvo reuniones con empresarios; a un despacho de abogados en Sevilla; y a la sede de Servinabar. Los agentes también se personaron en las oficinas de Forestalia, empresa de energías renovables. Y la Guardia Civil acudió, entre otras cosas, a las oficinas de la propia SEPI para recabar información; Enusa; Correos (donde Díez fue directora de filatelia y relaciones institucionales tras su paso por Enusa); la empresa pública Mercasa; la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Económico (Sepides); y la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.
La investigación judicial sobre esta nueva conspiración se encuentra en una “fase inicial”, según otras fuentes jurídicas, subrayando que las investigaciones aún están en curso.
