El juez presidente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga el caso contra Begoña Gómez, ha decidido presentar cargos este domingo contra Judit Alexandra González Pedraz, secretaria general del Consejo Regional, recientemente imputada por presunta malversación de fondos en relación con el trabajo de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno en La Moncloa. Peinado decidió retirar la acusación tras escuchar su testimonio al entender que la asistente de Gómez no depende orgánicamente de ella, según fuentes jurídicas.
El juez había decidido escuchar a varios testigos este domingo tras conocer que uno de los abogados del caso no pudo asistir a la fecha inicialmente propuesta (el miércoles pasado). Peinado había solicitado al Secretario General de la Presidencia “que le informe del objeto del proceso y de los hechos que la acusan de malversación de fondos públicos”. En su escrito, afirma que la declaración no podía realizarse «en calidad de testigo» ya que, dada su condición de fiador, se podía cometer el delito de desvío de fondos públicos «en forma de omisión al dar órdenes o instrucciones oportunas al asesor de Begoña Gómez».
Las sospechas del catedrático surgen porque la asistente de la esposa del presidente, Cristina Álvarez, también imputada, se excedió en sus deberes como funcionaria pública al apoyar a Begoña Gómez en su trabajo privado cuando dirigía una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
González comenzó a declarar pasadas las seis de la tarde y luego de explicar su trabajo durante media hora, el juez decidió archivar la causa a esa misma hora. El trabajador de La Moncloa ha contestado al juez, al fiscal y a la defensa, aunque sólo ha preguntado el abogado de Cristina Álvarez. Explicó en qué consistía su trabajo y que de ella dependen unas 250 personas en la sede de gobierno, pero ninguna de esas personas es Cristina Álvarez. El juez ordenó el sobreseimiento sin previo aviso.
Peinado lleva desde abril de 2024 esta causa contra Begoña Gómez y le ha imputado cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida de marca, intromisión profesional y malversación de fondos. El tercero investigado tras la salida de Judit Alexandra González del caso es el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también por su trabajo en la Secretaría de Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023. La lista la completa el empresario Juan Carlos Barrabés. que Begoña Gómez apoyó con dos cartas en un concurso público de la empresa Red.es (dependiente del Ministerio de Transformación Tecnológica).
Este domingo, el juez citó a otros tres testigos que ya habían declarado en la causa: el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, el presidente del Instituto Empresa, Diego de Alcázar, y el responsable institucional de Google, Miguel Escassi.
Todo el interrogatorio, que finalizó pasadas las ocho de la tarde, se centró en la relación de todas las organizaciones con el asesor Álvarez. El primer testigo fue De Alcázar, quien explicó que no tenía relación directa con el asesor de Begoña Gómez. En este sentido, el jefe de Google ha indicado que nunca la ha conocido en persona.
Por su parte, Doadrio ha profundizado en su declaración, que es la tercera que presta ante este tribunal. En esta ocasión vino a hablar de los correos electrónicos que escribió voluntariamente mostrando cómo Álvarez dialogó con él cuando asumió la Cátedra de Transformación Social Competitiva. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó un informe con 121 Correos electrónicos que Doadrio y Álvarez fueron intercambiados con gestiones del citado presidente. Este domingo, el exvicerrector explicó que había almorzado ocasionalmente con el consejero y con Begoña Gómez y que se había reunido el primero con la mujer del presidente del Gobierno el día de la firma del Acuerdo Complutense. Además, ha afirmado que supuestamente ordenó a Gómez que lo registrara. software que realizó para la maestría en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la universidad y que luego supo por la prensa que no había hecho.
