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Marcos Antonio Sánchez Hidalgo sufrió dos derrames cerebrales en menos de 15 días en la celda del penal La Modelo. El primero el 24 de mayo y el segundo el 5 de junio. Las consecuencias para el preso político fueron claras: apenas puede caminar porque su pie derecho arrastra y la mano del mismo lado queda paralizada. Son sus compañeros de prisión quienes no sólo lo ayudan a trasladarse, sino que también exigen ayuda médica para el hombre de 48 años a los guardias penitenciarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero la petición de los prisioneros fue ignorada hasta la publicación de este artículo.
«Está gravemente enfermo y su vida corre peligro», denunció el grupo Secuestrados Políticos Unidos en un comunicado emitido con urgencia y tono de desesperación. “Las autoridades del sistema penitenciario no le brindaron la atención médica adecuada y se limitaron a recibir tratamiento en la clínica de la prisión, donde uno de los médicos dijo literalmente que había sufrido dos derrames cerebrales”. […]. Exigimos atención médica especial a las autoridades penitenciarias y les recordamos que la vida de Marcos es su responsabilidad ya que está a su cuidado y debe ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Dos días después, los familiares de los 141 presos políticos actualmente retenidos por el régimen sandinista en las cárceles nicaragüenses lanzaron un grito aún más alarmado en otra declaración: “Nuestros presos están muriendo en las cárceles y a nadie parece importarle”.
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Marvin Vargas, quien lleva trece años en prisión y es considerado por organizaciones de derechos humanos como el primer preso político del régimen, ha sido diagnosticado con cáncer de próstata. Además, no recibe ninguna atención médica especial y su salud se está deteriorando. Otro preso de conciencia con trastornos es Walter Balmaceda, un enfermo crónico que actualmente tiene “una gran bola en el estómago” y necesita ser examinado y operado. Mientras Ricardo Cortez Dávila, quien pasó varios años en una celda de aislamiento, quedó ciego, sus familiares se quejan.
A solicitud de la Unidad de Defensa Legal (UDJ), organización comprometida con la defensa de los presos políticos y el acompañamiento a sus familiares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a nueve presos políticos. La organización interamericana considera que estas personas “se encuentran en una situación grave y urgente, ya que sus derechos a la vida e integridad personal corren riesgo de sufrir daños irreparables”.
“La parte demandante (UDJ) alegó que los beneficiarios fueron sometidos a violencia por parte de funcionarios penitenciarios y que se encontraban en condiciones carcelarias insalubres e inadecuadas. Carecen de acceso a atención médica adecuada, lo que agrava enfermedades crónicas, y sufren constante privación de sueño y tortura psicológica”, señala el documento emitido por la organización internacional. “Del mismo modo, serían jurídicamente vulnerables por la falta de comunicación con el entorno externo y la falta de una defensa jurídica efectiva. Por su parte, el Estado no ha presentado respuesta a la CIDH”.
Lo peor: el olvido, dicen familiares
Además de la situación de salud de los presos políticos, los familiares denunciaron en el comunicado que lo peor que se vivió en las cárceles del régimen fue el «olvido». Los presos políticos expresaron su “desesperación y preocupación” a sus familiares, preguntando en cada visita si había negociaciones o campañas para su liberación. “Cuando descubren que nada de esto está sucediendo, caen en un silencio incómodo”.
Desde que el pasado mes de enero el obispo Rolando Álvarez fue liberado y desterrado a Roma junto a otros religiosos católicos, la pareja presidencial se ha deshecho de los presos políticos con mayor atención pública. Sin embargo, el régimen mantuvo el efecto de “puerta giratoria”, lo que significa que continuó deteniendo a ciudadanos percibidos como críticos y opositores, lo que llevó a 140 detenciones arbitrarias hasta la fecha.
Sin embargo, estos nuevos presos políticos son personas sin interés público, que son «anónimas» y denuncian a sus familiares, lo que ha provocado que los llamamientos a su liberación sean silenciados y no belicosos, como ocurrió con las campañas en torno a la liberación del grupo. Entre los prisioneros se encontraban candidatos presidenciales, empresarios, líderes estudiantiles, activistas políticos, agricultores y otros.
“Hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales y les pedimos que se sumen a nuestro llamado, nuestro llamado desesperado por la libertad de los presos políticos en Nicaragua. No nos dejes solos; La enfermedad y el régimen penitenciario están devorando a nuestros seres queridos”, gritan los familiares.
“Los familiares tenemos la sensación de que una vez que Monseñor Álvarez se vaya nadie dirá nada, como si Monseñor Álvarez fuera el único preso político en Nicaragua. Cuando encarcelaron al obispo hubo una campaña tras otra en las redes, pero ahora todo está en silencio, pocos dicen nada”, dijo a EL PAÍS uno de los familiares que firmó el comunicado pero pidió el anonimato. “La gente en Nicaragua no podemos hacer nada porque sólo nos quieren arrestar allí, pero hay cientos de personas fuera del país y nadie dice nada”.
En su última actualización sobre patrones represivos en el periodo febrero a abril de 2024, la Unidad de Defensa Legal no solo identifica las desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero como una práctica recurrente por parte de las autoridades estatales, sino también el empeoramiento de las condiciones en las celdas de los presos políticos.
“La presencia de plagas ha aumentado en algunas celdas y el agua potable que consumen está contaminada. Hay denuncias del uso indiscriminado de levadura en polvo en las raciones de alimentos, se ha duplicado la tortura psicológica, y al mismo tiempo se han producido chantajes a familiares con la falsa promesa de liberar a sus familiares a cambio de grandes sumas de dinero”, denuncia la UDJ .
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