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El Gobierno y sus socios han expresado su descontento y preocupación por la filtración de las conversaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con su secretario, así como del contenido detallado de sus agendas, en las que se difunden datos personales ajenos al asunto investigado. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado en declaraciones al Congreso que en esta filtración aparecen las «claves de algunos de sus correos electrónicos, cuentas bancarias y direcciones». “Nos parece gravísimo”, denunció. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, pidió «el respeto a los principios de nuestro ordenamiento jurídico» en materia de «intimidad de las personas», según defendió en declaraciones a los medios en La Rábida (Huelva). El juez José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado ahora una investigación sobre estas filtraciones «e identificar a los responsables por su posible carácter delictivo», y el expresidente ha pedido al juez que declare la «nulidad general» de la investigación y excluya del procedimiento «todas las pruebas obtenidas».
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