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El gran compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con la amnistía para los independentistas catalanes se pone hoy a prueba de forma importante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará sobre las cuestiones prejudiciales de varios tribunales españoles y tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya confían en que se seguirá la dirección del dictamen de su fiscal general del pasado mes de noviembre y por tanto se reforzará la legitimidad de la norma. Para un poder ejecutivo atrapado entre una maraña de litigios y la salida de una coyuntura indispensable del Congreso, un fallo favorable tendría implicaciones en múltiples frentes. El respaldo europeo sería un argumento difícil de ignorar para los sectores más conservadores del poder judicial, que han bloqueado su aplicación. Sólo si esto sucede Sánchez podrá completar su operación de normalización institucional en Cataluña después de final de año Procesos. Y aunque la decisión de Luxemburgo no tiene un impacto inmediato en la situación de Carles Puigdemont, allanaría el camino para su regreso aún indefinido a España y abriría una oportunidad para encauzar las malas relaciones parlamentarias.
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