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La Ley de Vivienda, aprobada en abril de hace un año, no ha logrado resolver el grave problema del acceso a la vivienda porque no va acompañada de medidas para aumentar la oferta. Tiempo perdido. La falta de stock de alquiler asequible es un problema que ha convertido la vivienda en España en una emergencia social. Esta es una de las conclusiones de los expertos que asistieron a la jornada de este miércoles Ley de vivienda un año después: avances y desafíosorganizado por el Club Inmobiliario Esade Alumni.
El sector inmobiliario ha criticado que la ley se haya centrado hasta ahora en el control de precios en las zonas declaradas contaminadas, una medida que actualmente sólo se aplica en 140 municipios catalanes y que «no tiene sentido a menos que se aplique por un corto periodo de tiempo». La madurez es alta y va acompañada de un aumento inmediato de la oferta”, explicó Eduard Mendiluce, director general de Anticipa y Aliseda, las inmobiliarias del fondo Blackstone en España. Mendiluce advirtió que la caída de la oferta en la región catalana es «enorme». Además, la medida de la Generalitat de incluir en el tope de precios las subvenciones a la nueva construcción ha supuesto una «carga» para los llamados. construir para alquilarlo (Promoción y construcción de departamentos de alquiler).
La industria se queja de que este año, cuando entró en vigor la Ley de Construcción de Viviendas, no se prestó atención al grave déficit de oferta. Un defecto que es conocido por el Ministerio de Vivienda. “Hay un déficit de un millón de viviendas y para solucionar este problema es necesario alcanzar un ritmo de producción de 200.000 viviendas al año, frente a las pocas más de 90.000 construidas el año pasado”, afirma Anselmo Menéndez, subdirector. Política general y ayudas a la vivienda del Ministerio, que ha asegurado que hay tres o cuatro ayuntamientos que están analizando la solicitud de las zonas reclamadas. Según sus estimaciones, el 30% de este déficit habría que solucionarlo a través de vivienda social, ya que en España sólo hay entre 350.000 y 400.000 unidades y por tanto es «urgente duplicar esta cantidad». Otro 30% serán viviendas asequibles, tanto en alquiler como en venta, en el marco de una colaboración público-privada y en suelo público y privado. El 40% restante son viviendas desocupadas para las cuales es necesario acelerar la expedición de licencias y cédulas de habitabilidad.
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Durante la última década, la política de vivienda se ha centrado en el mercado de alquiler y la renovación de viviendas en lugar de en la compra y venta. “Fue un grave error. “Deberíamos haber facilitado el acceso a la vivienda para la compra porque eso habría reducido la presión sobre el alquiler”, dijo Menéndez “personalmente”. Aseguró que “la ley de vivienda crea incertidumbre y puede provocar la retirada fundamental del potencial inversor” y aboga por la recuperación paulatina de la deducción por vivienda habitual (en función del precio), medida suprimida en 2013 y las ayudas estatales directas para el pago inicial de la compra de una casa, abolida en 2010.
El sector inmobiliario reunido en el foro señaló que es urgente implementar los mecanismos que la propia ley de vivienda ya prevé pero que no se aplican, tales como: B. Colaboración público-privada para intentar paliar el problema. “La ley propone un objetivo importante, pero nosotros proponemos que también haya un objetivo más consensuado también con la iniciativa privada y los distintos actores implicados en este sector”, explicó la directora general de Inmobiliaria Colonial, Carmina Ganyet.
«Tenemos que centrarnos en estas cuestiones y no en las planteadas en el primer año de ley», como los avales del ICO para la compra de la primera vivienda y el tope de precio, afirmó Helena Beunza, presidenta de ASVAL, la asociación de propietarios de viviendas de propiedades para alquilar. Beunza, que era secretario general de Vivienda cuando José Luis Ábalos dirigía el ministerio, criticó que cualquier licitación gratuita, por la falta de diálogo entre el sector público y el privado, suponía un año y medio extra de tiempo para licitar para obtener tierra al mercado.
Entrega de casas de grandes propietarios
Los grandes propietarios piden al gobierno que llegue a un acuerdo para transferir miles de viviendas en alquiler social a familias necesitadas. Sin embargo, Beunza reconoció que es necesario discutir temas relevantes como la elección del inquilino o qué ocurre en caso de impago. «Existe una necesidad urgente de movilizar el parque de viviendas desocupadas y no desocupadas existentes para traer alquileres asequibles al mercado, y también es necesario movilizar el parque de terrenos privados», explicó Mendiluce. El problema es que los números no cuadran y por eso propone «un programa de cesión de suelo privado para crear viviendas sociales en régimen preferencial».
Menéndez recordó que el ministerio avalará los préstamos de la línea de vivienda de 4.000 millones de euros que gestiona el ICO en la segunda fase del plan de recuperación, con el fin de facilitar el acceso a la financiación a promotores públicos y privados. «Incluso será posible financiar el país».
Otra receta es rescatar y aprobar el fallido proyecto de ley de tierras, que la administración eliminó de la agenda del Congreso en mayo pasado por falta de apoyo. El sector se ha quejado del alto coste de la conversión del suelo y de la falta de flexibilidad a la hora de cambiar de uso (por ejemplo, de terciario a residencial). “La legislación hace que la producción de viviendas no sea rentable”, explicó Íñigo Fernández de Mesa, presidente de Rothschild & Co España y vicepresidente de CEOE. «Es necesaria la flexibilidad urbanística y de los procedimientos administrativos», añadió Beunza, que abogó por un aumento del gasto público en vivienda, aunque fue consciente de que «será complejo por el déficit excesivo que hay en España».
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