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El fiscal Alejandro Cabaleiro exige que el BBVA, investigado por cohecho y revelación de secretos, quede a un paso del banquillo por espiar los contratos a empresarios, políticos y periodistas del comisario de policía retirado José Manuel Villarejo, según un documento que publica este periódico tuvo acceso, presentado por la agencia Bloomberg. Con la instrucción del caso prácticamente finalizada, el posible procesamiento coincide con la opa hostil del Banco Sabadell por parte de la empresa que preside Carlos Torres.
El fiscal pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que abra la siguiente fase del procedimiento iniciado a finales de 2018 y proponga procesar a BBVA por cohecho y revelación de secretos. El fiscal hace la misma petición para el expresidente Francisco González y otros exdirectivos del banco como Ángel Cano, Antonio Béjar o Julio Corrochano, además del propio Villarejo.
En el auto de más de 200 páginas fechado el 17 de mayo, Cabaleiro repasa 13 años de contratos entre BBVA y Cenyt, la empresa de Villarejo. El fiscal considera que las investigaciones llevadas a cabo por el juez García Castellón han demostrado «de forma clara e indiscutible» que se cumplen los criterios para la apertura de audiencia contra la persona jurídica. El documento destaca que «gran parte de la defensa en este procedimiento estuvo encaminada a demostrar que nadie en el BBVA relevante a los efectos de estas consideraciones sabía que el verdadero propietario del Grupo Cenyt era José Manuel Villarejo Pérez para intentar crear un negocio». “cortafuegos” entre el titular del contrato y esa persona como funcionario”.
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Aunque Carlos Torres no está imputado en el caso, el fiscal señala la existencia de correos electrónicos para “indagar sobre asuntos personales de sus conocidos”. Según el fiscal, esto demuestra que en BBVA hubo «obediencia directa» a los mandamientos de la dirección y la existencia de conductas «contrarias al código ético».
La medida del fiscal es el último eslabón de un largo proceso que examina los vínculos entre la empresa y el policía retirado. El juez de la Audiencia Nacional que investiga los negocios privados del comisario jubilado Manuel García Castellón concluyó a finales de enero la investigación centrada en el banco, aunque aún no ha anunciado si ve indicios de delito suficientes para concluir que los sospechosos comparecieron ante el tribunal en una audiencia más cercana a la empresa que preside Carlos Torres. Según este documento, el fiscal ciertamente la valora.
La fecha prevista para la salida de García Castellón del Juzgado Central de Instrucción Número 6 es octubre de este año. A estas alturas tendrá 72 años. La Ley Orgánica de Justicia (LOPJ) prevé la jubilación obligatoria de jueces y fiscales a los 70 años, con la posibilidad de prorrogar la jubilación por dos años más. Y eso es exactamente lo que hizo el juez de la Audiencia Nacional con la anuencia del Consejo General de Justicia (CGPJ), que no vio ninguna deficiencia formal en su solicitud.
A principios de mayo, según lo publicado Cinco díasEl juez estaba a la espera de completar la investigación para completar las investigaciones de informes forenses que realizó la empresa después de que estalló el caso. Según fuentes jurídicas cercanas al proceso, el titular del Juzgado Central número 6, Manuel García Castellón, no anunciará su decisión sobre el futuro judicial de los investigados -entre los que se incluye la persona jurídica- hasta que reciba las conclusiones de los peritajes elaborados por Del Rivero y otros perjudicados por la actuación de Villarejo.
Este calendario impacta en la propia hoja de ruta de BBVA para los próximos meses. Después de intentar una fusión amistosa por segunda vez en casi cuatro años, el banco lanzó una oferta pública de adquisición hostil para adquirir Banco Sabadell a principios del mes pasado. La oferta, con un precio de 4,83 títulos del banco catalán por cada título del banco madrileño, es considerada inadecuada y rechazada por el consejo de la empresa vallesana. Ahora los accionistas deben decidir si aprueban la oferta pública de adquisición, que deberá contar con las aprobaciones del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
BBVA espera que este ataque a Sabadell acabe entre seis y ocho meses. De momento, la compañía ha convocado a sus accionistas a una junta general extraordinaria el próximo 5 de julio, en la que deberán dar luz verde a la operación, que incluye una ampliación de capital de hasta el 20% para posibilitar este canje de acciones. Antes de eso, espera que la CNMV permita la oferta pública de adquisición después de enviar todos los documentos al regulador bursátil la semana pasada.
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