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En su cuarto viaje a Estados Unidos en seis meses, el presidente argentino Javier Milei se reunió esta semana con ejecutivos de empresas de Silicon Valley para impulsar la creación de un centro de innovación tecnológica en el país sudamericano. A partir de ahí, Milei recibió la noticia que esperaba desde hacía semanas: el nuevo jefe de gabinete de Guillermo Franco logró llevar un paso más allá la ley de desguace del estado y la dejó lista para ser votada en el Senado argentino en junio. Pero también supo que el escándalo en torno a la negativa del gobierno a distribuir más de cinco millones de kilos de alimentos almacenados en almacenes estatales se había extendido a una de sus principales ministras, Sandra Pettovello, responsable de capital humano.
Pettovello revirtió el jueves la posición inicial del gobierno, anunciando que implementaría un protocolo «para la entrega inmediata por parte del ejército argentino de los suministros de alimentos que vencen próximamente». Además, despidió a un alto funcionario e inició una investigación interna por mal desempeño. Las decisiones muestran un cambio de narrativa: en los últimos días, el gobierno afirmó que los alimentos comprados por el gobierno anterior se estaban guardando «para futuros desastres», cuestionó su calidad y apeló el fallo de un juez que forzó su distribución.
Entre los alimentos retenidos se encuentran cerca de 340.000 kilos de leche en polvo que vencerán a finales del próximo mes, según el líder social Juan Grabois, autor de la denuncia que llevó al tribunal a ordenar al gobierno elaborar un plan urgente para la distribución. de la comida. La lista también incluye aceite, harina y yerba mate. “Repartid la comida, villanos”, disparó Grabois a través de sus redes sociales.
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La controversia ha golpeado al gobierno en un área sensible: el apoyo a la población más vulnerable en un país donde una de cada dos personas es pobre. En Argentina hay una crisis alimentaria desde hace años, que no ha hecho más que empeorar desde que Milei llegó al poder. Ha aumentado el número de hogares cuyos ingresos son insuficientes para comprar alimentos, y al menos cinco millones de personas, especialmente niños, necesitan ayuda para no pasar hambre. Un claro indicador de la magnitud de la crisis es el colapso de casi el 20% en el consumo de leche, un alimento básico que ahora se vende en Argentina a precios europeos.
Las autoridades acaban de aumentar la cantidad mensual que reciben las familias más pobres para comprar alimentos -hasta un máximo de 108.000 pesos (unos cien dólares) para las que tienen tres o más hijos-, pero se niegan a distribuirles bolsas de alimentos para distribuir cocinas al aire libre. que operan en las zonas pobres de Argentina. El argumento oficial es que se han identificado irregularidades en el sistema de distribución gestionado por organizaciones sociales a las que acusan de ser “gestoras de la pobreza”. Varias de estas organizaciones formaron parte del gobierno anterior encabezado por el peronista Alberto Fernández.
En su decisión, el juez Sebastián Casanello enfatizó que las presuntas víctimas no son quienes dirigen los comedores sociales, sino personas que «forman grupos socialmente vulnerables» y los acompañan en busca de un plato de comida. “Los comedores definitivamente forman parte de una red de contención, son un medio y no un fin en sí mismos”, enfatizó Casanello.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, negó el viernes que exista contradicción entre las distintas versiones ofrecidas por el gobierno, ya que la semana pasada se reveló que más de 5.000 toneladas de alimentos estaban almacenados en depósitos oficiales. «El cronograma no está ahí». [de reparto] todavía, pero hay espacio”, dijo Adorni, al confirmar que hay paquetes de leche y harina que caducan si no se distribuyen pronto. «Se necesita mucho cinismo para dejar que los alimentos caduquen y no distribuirlos», afirmó, sin aclarar el destino que les infligirá el ejército.
El gobierno afirma que son alimentos de dudosa calidad -envió una muestra de yerba mate para analizar si era apta para el consumo humano- y que estaban reservados para emergencias o desastres. Sin embargo, no se enviaron suministros a Bahía Blanca en diciembre, cuando esta ciudad bonaerense fue azotada por una tormenta que dejó al menos 13 muertos, ni a los afectados por las inundaciones en la norteña provincia de Corrientes en marzo.
Durante su visita a Bahía Blanca, Milei animó a la población a salir adelante por su cuenta: “Siempre hemos manifestado nuestra solidaridad, porque tengo plena confianza en que se puede resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos que existen”.
Esta semana, el presidente argentino volvió a rechazar categóricamente cualquier intervención estatal, incluso ante situaciones extremas como el hambre. «¿Crees que la gente es tan idiota que no pueden decidirse?», preguntó a la audiencia en la Universidad de Stanford el miércoles. “Llegará un momento en el que morirás de hambre, así que digamos que de alguna manera decidirás no morir. Entonces no necesito que nadie intervenga para solucionar la externalidad del consumo, porque al final alguien lo solucionará”.
Sangrados funcionarios de alto rango
El escándalo de los alimentos retenidos puso las cosas difíciles al titular del Ministro de Juventud, Infancia y Familia, Pablo de la Torre. Pettovello no sólo lo despidió, sino que también lo denunció ante la oficina anticorrupción por una «falta de transparencia» en su gestión, informó el portavoz presidencial, sin dar más detalles. Según el locutor Todo Noticias, De la Torre es sospechoso de haber contratado a más de un centenar de personas de fuera del estado, entre ellas personas que cobraban pero no tenían ningún rol, acusación que el exsecretario niega.
Su salida recuerda a la salida hace meses del entonces ministro de Trabajo, Omar Yasín, a quien Milei responsabilizó del aumento salarial del 50 por ciento en el Ejecutivo mediante un decreto firmado por el propio presidente. En aquel entonces, Yasín y ahora De la Torre sirvieron como cortafuegos para silenciar las críticas.
La administración de Milei ha sufrido su mayor pérdida de altos funcionarios desde el inicio de su mandato en Argentina. En total son 36, es decir, una media cada cinco días. según la lista del politólogo Pablo Javier Salinas. Tres de cada 10 renuncias se produjeron en Capital Humano, el megaministerio que se ha hecho cargo de las carteras de educación, trabajo y desarrollo social y está en manos de Pettovello.
“El presidente lo sabe todo. «Expresó su pleno apoyo al ministro Pettovello», dijo Adorni. “Para nosotros la ministra Pettovello es la número uno y lo da todo en un ministerio tan complicado”, agregó sobre el liderazgo de esta periodista y política argentina, amiga personal de Milei. La valoración de los ciudadanos difiere de la del gobierno, como lo muestran datos de una reciente encuesta realizada por la Universidad de San Andrés: la imagen positiva del ministro es sólo del 29%, mientras que la imagen negativa es del 33%.
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