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El Gobierno puso sobre la mesa la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica tras un año y medio de tensas negociaciones entre PSOE y ERC, pero mucho de lo que contenía aquel primer documento, en el que los independientes pedían una financiación unificada para Cataluña, se ha quedado en el camino. De llegar a buen término, el nuevo modelo sería más bien una evolución del sistema actual, en una perspectiva federalista y con recursos récord, que, si bien favorece a Cataluña, no supone la ruptura total con el actual sistema que han exigido los independentistas.
La falta de apoyo a los actuales planes presupuestarios en Cataluña profundizó la crisis del gobierno de Pere Aragonès, que le llevó a convocar nuevas elecciones en marzo de 2024 tras dos años gobernando en minoría por el abandono de Junts. En julio, el PSC liderado por Salvador Illa obtuvo una amplia victoria, fortaleciendo lo que ahora es el principal feudo socialista en Cataluña. Dado que Junts estaba atrincherado en la oposición, fue ERC quien, junto con la cámara baja, se hizo cargo de las negociaciones para el nombramiento de Illa como presidente de la Generalitat.
Las condiciones no eran fáciles. Él Procesos Estaba agonizando y el movimiento independentista recurrió a la financiación regional como su cuestión más apremiante. El mandato para el gobierno de Illa era claro si quería el apoyo de los republicanos: un concierto económico solidario, el blindaje del catalán como “llave de la nación”, el cumplimiento de las inversiones presupuestarias del Estado y la formación de un congreso del partido para el conflicto político en Cataluña.
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El acuerdo preliminar alcanzado entre socialistas y republicanos en julio de 2024, base de las negociaciones para la toma de posesión de Illa, pactaba una “financiación única” para Cataluña. ERC lo presentó como un “acuerdo económico” que para muchos, tanto en el mundo político como en el académico, amenazaba con convertirse en un añadido a todo el sistema común en el que están ancladas todas las comunidades excepto las regionales. De hecho, el documento pretendía crear un modelo a propósito más cercana a la del País Vasco y Navarra, lo que supone de por sí una anomalía tanto en el mapa regional como en el internacional.
Según esta primera aproximación, la Generalitat asumiría las funciones de recaudación, administración, contabilidad y control de todos los impuestos que surjan en Cataluña. A cambio, pagaría al Estado una tasa por los servicios que seguiría prestando en el territorio, calculada como porcentaje de sus ingresos, además de una «tasa de solidaridad» interterritorial -cuya cuantía nunca fue fijada- siempre que se respetara la ordinalidad. En definitiva, un marco muy similar al autonómico, con la gran diferencia de que Cataluña no tiene la protección constitucional que tiene y que Cataluña es uno de los municipios más grandes y ricos de España, por lo que su salida del sistema podría suponer una ruptura prohibitiva para el Fondo Comunitario.
Los avances fueron confiados a la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado y cristalizaron el pasado verano en un acuerdo que siguió incidiendo en la financiación única de Cataluña, pero que al mismo tiempo se convirtió en el pistoletazo de salida de la reforma del sistema de financiación pendiente desde 2014. En este pacto, la Generalitat estaba dispuesta a aceptar un modelo que respetara “las particularidades y deseos del autogobierno” y pudiera generalizarse a todos los ámbitos; El Ejecutivo central aprovecharía para integrar las reivindicaciones catalanas en un nuevo modelo para todas las comunidades en el que la «multilateralidad» esté en el centro, pero sin perjuicio de una «mayor presencia» de la «bilateralidad».
Durante este período, el gobierno central dio al Partido de la Independencia espacio para capitalizar sus éxitos en las negociaciones de “financiación única”, que permitieron a la propia Izquierda Republicana avanzar tanto en el acuerdo sobre el alivio parcial de la deuda regional como en la reforma financiera. Siempre defendió la solidaridad del acuerdo e insistió en el compromiso de reformar el sistema en su conjunto y reconocer las especificidades de todos los territorios.
Finalmente, de todos los puntos acordados entre PSC y ERC sólo se cumplieron algunos, y no de la misma forma. Se alcanzó un acuerdo sobre el más importante, el modelo de financiación, pero éste no se resumió en un acuerdo económico como sugería el texto de investidura. “No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de cambiarlo a un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad”, dice el documento firmado por ERC y PSC. Pues bien, la propuesta de reforma presentada este jueves por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es una reforma del régimen común, en palabras del numero dos El plan del PSOE prevé una «redistribución de la riqueza entre comunidades» y no prevé una «cuota catalana».
ERC tampoco ha logrado, al menos por ahora, garantizar que la Generalitat recaude el 100% del impuesto sobre la renta y el IVA ya en 2026. Fue otra gran promesa de Esquerra Republicana apoyar la investidura de Salvador Illa, pero se pospuso a 2028 porque la autoridad tributaria catalana no tiene recursos suficientes para asumir esta tarea.
Más recursos y descentralización
La propuesta de Hacienda prevé incrementar los recursos de los que dispone el sistema en unos 21.000 millones de euros para el primer año de funcionamiento, 2027, ya que Hacienda espera enviar el proyecto a las Cortes a mediados de este año. Otra cosa es que reciba el apoyo necesario para sacarla adelante ya que tiene que tramitarse como ley orgánica. La mayor parte del incremento de la aportación al Fondo Comunitario se conseguirá mediante una mayor transferencia a las autonomías de los principales impuestos compartidos con el Estado: el 50% del IRPF y el 56,5% del IVA, frente al 50% actual, quedando la cuota de impuestos especiales en el 58%.
En este sentido, la propuesta sigue el guión de reformas anteriores: más recursos para todos y avances en la descentralización. La importancia de Cataluña también vuelve a salir a la palestra. En 1994 se acordó pagar el 15% del impuesto a la renta a los municipios. La reforma acordada en 2001 entre CiU y el PP de José María Aznar aumentó la transferencia del Impuesto sobre la Renta al 33% del IRPF, fijó el 30% para el IVA y el 40% para los impuestos especiales. En 2009, cuando el PSOE gobernaba el país y Cataluña tenía un gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV), la transferencia se amplió (hasta el 50% para las dos primeras figuras y el 58% para la segunda).
El nuevo modelo elimina también los fondos de cierre del sistema -se coincide en que son opacos y en última instancia distorsionan el reparto final de los recursos del fondo común- e introduce criterios de nivelación horizontal entre municipios y criterios de nivelación vertical entre el Estado y las autonomías, cuyo objetivo es reducir a la mitad el actual déficit de financiación por habitante entre territorios. Dos ajustes que prometen reducir las desigualdades del sistema actual.
Sin embargo, otros acontecimientos benefician especialmente a Cataluña. El Ministerio de Hacienda ha abierto la puerta a que los ayuntamientos recauden parte del IVA generado por las pymes en su territorio, y Cataluña es el territorio con mayor IVA generado por las pymes. También se beneficiará del nuevo Fondo Climático, dotado con 1.000 millones de euros: dos tercios de los cuales se distribuirán a las comunidades mediterráneas, ya que son las más expuestas a fenómenos extremos.
ERC también ha conseguido asegurar la ordinalidad, al menos para Cataluña. Este controvertido principio implica que las comunidades que más contribuyen al financiamiento compartido no quedarán atrás en la distribución de los recursos del sistema. Cataluña es la tercera comunidad autónoma que más aporta, pero cae al décimo lugar en la lista de territorios que más aportan, con una financiación cercana a la media. Con el nuevo modelo mantendrá el tercer puesto en ambos puntos Clasificacionespero esta equivalencia no se aplica al resto de zonas como Madrid, que es la primera aportante pero será la segunda en recibir recursos. Es decir, la ordinalidad no está blindada, aunque la reforma garantiza que se cumplirá en el caso de Cataluña, que será también la segunda comunidad autónoma cuyos recursos aumentarán más en términos absolutos: 4.846 millones. Sólo Andalucía lo supera con un incremento de 4.846 millones. Una mejora anunciada por casualidad o por cálculo político, justo antes de que Montero deje su puesto de gobierno para presentarse como candidato del PSOE a las elecciones autonómicas andaluzas. Los primeros cálculos disponibles sobre el aumento de recursos per cápita -dato que el Ministerio de Hacienda no ha desvelado- también concluyen que las zonas infrafinanciadas -Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha-, así como Cataluña, serán las mayores beneficiarias.
La próxima semana el Gobierno defenderá su propuesta ante el resto de municipios, la mayoría gobernados por el PP, rechazando un acuerdo que lleva la mancha imborrable de haber sido pactado bilateralmente con una única autonomía: Cataluña. En este contexto, es la primera vez en más de una década que un Gobierno presenta una propuesta tan detallada para reformar el sistema de financiación, aunque lleva doce años pendiente.
