Desde 36 euros en Andalucía a 821 en Castilla y León. Esas son las cantidades promedio que los contribuyentes de ambas comunidades dedujeron de sus declaraciones de ingresos al nacer o adoptar un hijo, según los últimos datos del IRS. ¿Qué explica tanta diferencia? Porque cada territorio establece sus propias deducciones autonómicas en el IRPF. Algunas de ellas se aplican a todos los territorios, especialmente a las sociales y familiares –nacimiento, asistencia a personas con discapacidad, gastos escolares…–, aunque los requisitos y niveles de acceso varían. Otras son propias de cada autonomía. Hay más de 200 en total, muchos de ellos de alcance limitado tanto en tamaño como en número de beneficiarios. “Es un laberinto”, dice Luis Del Amo, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE).
Los números hablan por si mismos. De las más de 21 millones de declaraciones de IRPF presentadas en 2020, según las últimas estadísticas disponibles, solo 1,8 millones de contribuyentes realizaron deducciones autonómicas, por un total de 413,9 millones y una media de 220 euros per cápita -la estadística excluye a Navarra y Euskadi- País, con su propio régimen. Los datos de 2019, desprovistos de los sesgos que pudiera haber provocado la pandemia, arrojan resultados similares: 1,7 millones de reclamantes se acogieron a esta ayuda, con una cuota media de 238 euros.
José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Ingenieros Financieros (Gestha), explica que la generalización de las rebajas de alquileres impulsadas por los ayuntamientos ha sido paulatina a lo largo de los años. “Se suelen crear pero no borrar porque no hay un control más tardeyo”, explica. “Y hay otros problemas: se aplican a personas con ingresos, y los más vulnerables no alcanzan el umbral suficiente, y muchas veces, por desconocimiento, no se solicitan. Los contribuyentes aprueban el proyecto de alquiler y ya está. Por eso, no siempre son políticas públicas efectivas, ya que no benefician a quienes realmente las necesitan”.
Ha estallado una disputa por las ayudas estatales, que también se otorgan a los más ricos. El debate ha estallado después de que se conociera que varios diputados de la Asamblea de Madrid tienen derecho al bono social, una rebaja en la factura energética, simplemente por formar parte de una familia numerosa. Este grupo de personas tiene derecho a varias asignaciones, incluida una deducción del impuesto estatal sobre la renta no relacionada con los ingresos. Además, seis municipios reconocieron una bonificación fiscal autonómica en 2020: Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia.
diferencias de impacto
La Comunidad Valenciana es la que más deducciones autonómicas tiene, con una treintena, seguida de Castilla y León y Canarias. Cataluña, Extremadura y Madrid están en el otro extremo. En este maremoto de bonificaciones, hay algunas que llegan a tan pocos contribuyentes que el número de beneficiarios es una incógnita estadística. De lo contrario, sería fácil saber quién es. Es el caso de la bonificación reconocida por Asturias por la certificación de gestión forestal sostenible, la única que prevé una deducción de este tipo, la de Aragón por invertir en acciones de sociedades cotizadas en sociedades en expansión en bolsa, o las de Illes Balears para donaciones, cesiones, contratos de préstamo y convenios relacionados con el patrocinio deportivo.
Las deducciones que se destinan menos dinero por contribuyente incluyen una media de 25 euros por donaciones con fines ecológicos en Aragón, en Canarias fue de 14 euros en 2020 por el mismo concepto. En Cataluña, el importe medio donado a entidades específicas del medio ambiente y del patrimonio natural fue de 12 €. En Murcia, la deducción media por inversiones en electrodomésticos ahorradores de agua no llegaba a los 40 euros.
Sin embargo, la tasa y el número de cotizantes no son necesariamente proporcionales. En Galicia, por ejemplo, solo 19 personas retiraron su inversión en empresas nuevas o de reciente creación, pero el importe medio superó los 3.000 euros. De hecho, varios municipios se están planteando esta deducción y las cantidades medias deducidas son de las más elevadas: en Andalucía y Aragón superan los 1.000 euros, en Baleares rozan los 2.000. El ejemplo contrario puede ser los 18 € de media que deducen 127.485 personas en Cataluña por donaciones a entidades que promueven el uso de las lenguas catalana u occitana, o los 164 € de media que deducen casi 190.000 contribuyentes madrileños por gastos en educación.
Las deducciones con mayor impacto varían según la zona, aunque las relacionadas con la vivienda o la situación familiar son las más comunes y relevantes, y en muchos casos refuerzan las deducciones gubernamentales dedicadas al mismo tema. En Andalucía, el reconocimiento a las personas con discapacidad es el más importante y numeroso de los contribuyentes (casi 59.000 contribuyentes los recibieron por una tasa total de seis millones de euros). la comunidad valenciana.
eficiencia
La lógica de los beneficios fiscales, ya sean rebajas, deducciones o bonificaciones, suele encontrarse en el apoyo a estrategias o actividades que se consideran estratégicas o en la ayuda a colectivos específicos. Sucede con todos los grandes impuestos, desde el IVA (por ejemplo, la atención médica está exenta y el turismo se grava al 10 % en lugar del 21 %) hasta el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero mientras que solo el estado puede cambiar impuestos como el impuesto sobre las ventas o las corporaciones, los municipios son responsables del 50% de la escala del impuesto sobre la renta —la mitad de la sección es autónoma y la otra mitad estatal— además de los mínimos personales y familiares.
“Hay una hiperinflación de las deducciones autonómicas, que en unos casos afecta a poca gente, y en otros su contenido económico es mínimo”, apunta Del Amo. “Por ejemplo, deducir la vivienda en pequeños pueblos remotos puede ser una buena idea, pero el incentivo debe ser lo suficientemente fuerte como para revitalizar áreas despobladas. Lo que también falta es un análisis del impacto de esta política. Tendría que haber un análisis posterior”, prosigue.
La evaluación de las políticas públicas es generalmente una de las principales tareas por delante. La autoridad fiscal (Airef) es responsable de esto -ya ha analizado 13 beneficios fiscales, el 60% del total, pero ninguno de ellos en el IRPF autonómico-, pero el Gobierno ignora muchas veces sus recomendaciones. “No existe un control ex post de las deducciones, ni estatales ni autonómicas, cuando debería ser la norma. Si hay menos de 100 beneficiarios, podrían ser suprimidos”, señala Mollinedo. “Se podría brindar ayuda directa en su lugar. Pero la administración debe estar equipada para que no suceda lo mismo con los ingresos mínimos necesarios para sobrevivir, que muy pocas personas lograron inicialmente.
Sigue toda la información de Negocio Y Negocio En Facebook Y Gorjeoo en el nuestro boletín semanal
Programa de cinco días
Las fechas económicas más importantes del día, con las claves y contexto para entender su alcance.
RECIBELO EN TU CORREO
Suscríbete para seguir leyendo
Leer sin limites