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El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que cambiará el sistema de acogida de familias que se han quedado sin hogar por un desahucio, una catástrofe o una situación de indigencia. El equipo de gobierno de Jaume Collboni decide ahora limitar la estancia de estas personas en las pensiones subvencionadas por el ayuntamiento. Como se predijo Nació lo digitalA partir del 1 de junio, la estancia máxima posible que puede costear el ayuntamiento es de seis meses. A las personas que se quedan sin hogar se les ofrece inicialmente una estancia en una casa de huéspedes de 15 días a un mes y medio. Si se acredita la necesidad de protección, estas estancias se ampliarán hasta un máximo de seis meses.
El ayuntamiento advierte que el año pasado destinó 34 millones de euros para acoger en pensiones a una media de 3.000 personas al mes. En 2022 el coste fue de 27 millones para alojar a 2.300 personas al mes y en 2021 el coste fue de 21 millones para alojar a 1.900 personas al mes. “Estos gastos los sufragamos solos, sin que la Generalitat haga aportación”, denuncia Sonia Fuertes, responsable social del consistorio. El ayuntamiento afirma que “ante el creciente desarrollo tanto de las personas alojadas como de los recursos asignados” ha decidido cambiar el sistema actual, que considera “insostenible”.
Fuertes asegura que si la provisión de pensiones siguiera como hasta ahora, pronto habría personas que, pese a las necesidades, no tendrían acceso a estos alojamientos temporales. Según el ayuntamiento, más de la mitad de las personas alojadas actualmente llevan más de seis meses pensionadas. “Esto significa que estos refugios temporales de emergencia no están cumpliendo su función. Hay gente sin rotación y eso dificulta el acceso a la gente que necesita el recurso temporalmente”, se queja el Comisario. El Ayuntamiento considera que una paralización de más de seis meses supera “el momento y la urgencia” y la solución debería darla una administración distinta al Ayuntamiento.
Por este motivo, el ayuntamiento pretende ahora aumentar el apoyo financiero «antes» de la transición a la jubilación. Para los casos de vulnerabilidad en los que se requiere una pensión más allá de los seis meses previstos, se elabora un cuadro de evaluación del tratamiento social a realizar y a partir de ahí se deriva el caso a otras administraciones que asumen corresponsabilidad de la situación. Fuertes afirma también que el 30% de los pensionistas actuales tienen derecho a una vivienda social, por lo que es necesaria la aprobación de las administraciones para solucionar el problema habitacional de la ciudad.
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