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Las elecciones europeas desaparecieron rápidamente del debate público español. Sólo queda Alvise como pista, ejemplo de lo que nos puede ofrecer el universo digital y recurso para distraer al personal, como demuestra el interés de Pedro Sánchez por el personaje.
A la ley le conviene despistar, pasar página, por dos motivos: porque los resultados no le han dado el peso suficiente para dar credibilidad a su incesante exigencia de progreso electoral, y porque para él la situación es desagradable para el PP. En un momento en el que ha comenzado el debate en Europa sobre qué deben hacer partidos liberales y conservadores para frenar a la extrema derecha, resulta que en España el PP gobierna con ella en varias comunidades autónomas. La reconoció como una socia sin escrúpulos democráticos. PP y Vox han iniciado una relación política. Y seguirán siéndolo.
Después del ritual de Feijóo para que Sánchez convocara elecciones, ahora hay que dar forma institucional al resultado de las elecciones catalanas. Una ecuación sencilla: o Illa llega a la presidencia con los votos de ERC y de la Cámara Baja, o habrá repetición de elecciones. Mientras tanto, el PP, que está a punto de perder la lucha contra la amnistía, mantiene la estrategia de la inhabilitación permanente.
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Sabemos que la regla de la mitad más uno, que permite el acceso al poder mediante elecciones, favorece la polarización, simbolizada ideológicamente por el esquema derecha-izquierda. Pero la responsabilidad de los partidos políticos reside en la gobernanza. Se trata de quienes ganan, pero también de quienes permanecen en la oposición y se esfuerzan por seguir haciéndolo en el futuro. Votamos por ellos para que las instituciones funcionen. Seguramente corresponde a los perdedores controlar y criticar a quienes están en el poder. Por tanto, esté atento a los abusos, errores y desvaríos del responsable. Pero cada uno tiene en su corazón el principio del bien común, que debe anteponerse a las aspiraciones de cada casa. Y esto incluye hacer efectivos los resultados de las encuestas y no entrar en tiempos de interminables medidas provisionales.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir que las instituciones funcionen. Y los ejercicios de bloqueo y paralización, muchas veces impulsados por los egos excesivos de sus propios protagonistas, no son edificantes. La política no sólo prospera con la confrontación. Se necesita claridad en las propuestas en el debate de posiciones, así como compromiso para garantizar la funcionalidad de las instituciones. Y lo que hay que hacer ahora en el Parlamento catalán es completar el aterrizaje institucional. Con negociaciones serias y acuerdos claros.
El momento de la insurrección ya pasó. El movimiento independentista fue más allá de sus propias fuerzas, y cuando se pierde el principio de realidad, el descarrilamiento es inevitable. Después de los excesos represivos de quienes no pudieron afrontar políticamente el conflicto, la amnistía devuelve las cosas al ámbito de la razón y sienta las bases para un retorno al respeto mutuo. Y ahora mismo necesitamos negociar para volver a la normalidad. No hay duda de que una repetición de las elecciones beneficiaría a los socialistas, pero creo que se equivocarían si apostaran por ello. Y el independentismo pagaría caro su compromiso con la intransigencia. Es hora de negociar, llegar a un acuerdo y exponer a la derecha y a sus cómplices al intentar destruir cualquier acuerdo.
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