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Para abordar la falta de acceso a la vivienda, es necesario aumentar lo más rápido posible la cantidad de suelo urbanizable. Para ello es necesario aprobar la ley de tierras, que el gobierno ha decidido retirar extremo el 23 de mayo por falta de apoyo parlamentario. Este es el mensaje que han transmitido este lunes en una jornada organizada por Funcas varios economistas del Banco de España y de la Fundación Caja de Ahorros, así como representantes del sector bancario y de los sectores promotor y cementero, que han propuesto un pacto de Estado para acelerar la aplicación de este reglamento, así como modificar la Ley de Vivienda para que existan más garantías jurídicas.
Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, recordó que la economía española registrará un déficit de alrededor de 600.000 hogares entre 2022 y 2025. Este desfase, concentrado en las grandes ciudades económicas y turísticas de Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, no tiene solución a corto plazo, ya que es necesario incrementar el stock inmobiliario y eso lleva años. Por ejemplo, para que la vivienda pública de alquiler alcance los estándares europeos, en España habría que incluir 1,5 millones de nuevos apartamentos en viviendas de alquiler social. Para alcanzar este objetivo en 10 años a través de la vivienda nueva, la producción inmobiliaria media anual en España tendría que aumentar más de un 150% en los últimos años. El déficit de oferta no se resolverá ni siquiera con la regulación de la desocupación, porque si bien hay casi cuatro millones de casas deshabitadas en el país, buena parte de ellas se concentran en zonas de menor dinámica demográfica -en ciudades de más de 250.000 habitantes-. Supondrían unas 400.000 unidades -y están en mal estado, por lo que es necesaria su renovación-.
A pesar de estas limitaciones de tiempo y presupuesto, los analistas creen que las tensiones en el mercado inmobiliario pueden aliviarse en el corto y mediano plazo mediante la adopción de mejores marcos regulatorios, como la Ley de Tierras. Por eso piden al Gobierno que lo valide durante todo el verano. “Este es un país árido y los precios del suelo urbano se han estancado durante los últimos 10 años. El problema es que estos suelos no se están urbanizando por falta de seguridad jurídica”, explica Raymond Torres, director de situación económica de Funcas.
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Por su parte, Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank, ha apuntado que tanto el Gobierno como el resto de fuerzas políticas “deben entender que ésta es una ley estratégica para España si quieren acabar con los cuellos de botella en los proyectos urbanísticos y reducir Desde el sector promotor, la secretaria general de la Asociación de Promotores de España (APCE), Beatriz Toribio, se centró en el problema recordando que hay proyectos que tardan entre 20 y 30 años en ejecutarse, lo que “trae la ventaja”. país con ello”. Planes urbanos obsoletos e impide que las ciudades se adapten a los desafíos del siglo XXI”.
En su más reciente informe anual, el Banco de España mostró que los precios de las propiedades -tanto en venta como en alquiler- tendieron a subir más en los municipios con menor disponibilidad relativa de suelo permanente. Sin embargo, también hay otros factores que afectan la oferta, como la escasez de mano de obra – el 55% de las empresas del sector de la construcción participantes en la encuesta económica informaron a finales de 2023 que la falta de mano de obra tuvo un impacto negativo significativo en sus operaciones – y la falta de inversión dedicada a la adquisición y promoción de nuevo suelo urbano.
Parálisis de la norma
El gobierno aprobó la ley de tierras en el Consejo de Ministros en marzo, pero con la oposición de Sumar dentro del propio poder ejecutivo y fuera de gran parte de los grupos que apoyan al gobierno en el Congreso. Junts, Podemos y ERC abogaron por cambios en todo el texto para derribarlo, y el PP, inicialmente abierto a negociar la ley, decidió en el último momento no apoyar la norma. En este escenario, el PSOE fue el único que defendió la reforma y decidió retirarla del Congreso para evitar una segunda derrota en el Parlamento después de que no se implementara su iniciativa de endurecer las penas contra el proxenetismo.
La norma ya había recibido la aprobación del gobierno en diciembre de 2022, pero fue rechazada debido a las elecciones anticipadas de 2023 antes de que pudiera aprobarse en las Cortes. El PSOE lo presentó el pasado 26 de marzo al Consejo de Ministros impulsado por el Ministerio de Vivienda, que pretende con la norma limitar el impacto de las denuncias sobre deficiencias menores y subsanables en materia urbanística, según indicó el departamento de Isabel Rodríguez.
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