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El lema «Abolir la Sanchismoes una farsa: lingüística, jurídica y políticamente. No son los movimientos (se prohíben) ni las personas (se eliminan) los que se derogan, sino las leyes.
Además, es confuso. Se utiliza como sinónimo de derogación («abolición») de una o más o todas las leyes de una época. Cuando la frase tiene dos significados diferentes: «rechazar una norma ineficaz» (RAE) y/o «cambiar parte de ella» (Oxford).
Dejar sin aclarar el significado de su uso conduce al engaño y a la incertidumbre prejurídica sobre sus intenciones. Eso es lo que está pasando con la consigna del PP. Y lo peor es que su programa -la parte económica que aquí nos interesa- lo empeora todo. Es más que un proyecto, es un caótico catálogo de medidas. No cuantifica sus objetivos. No establece plazos para alcanzarlos. Los costos no se calculan. ¿Y quién no lo aguantará tampoco?
Por lo tanto, la oficina de impuestos es un agujero negro. Solo se refiere a la supresión del impuesto sobre el patrimonio (“grandes fortunas”) y a que habría “alivio” en “la carga fiscal de las familias, autónomos, empresas”: es decir, de casi todos. Y dado que se niega a aumentar los impuestos -durante la campaña Núñez Feijóo criticó los impuestos a las compañías eléctricas y los bancos, pero acogió con satisfacción que los impusieran-, la implicación es que compensaría los menores ingresos recortando el gasto para reducir el déficit y la deuda. Y la mayor parte del gasto es social.
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En materia energética y medioambiental, la derogación se convierte en derogación: se refleja en la proximidad entre la extrema derecha y la ultraderecha del Parlamento Europeo en su revisionismo climático. Que desconfíen o se opongan al coche eléctrico y se opongan a la nueva norma comunitaria de protección de la naturaleza. Además, quiere introducir un nuevo impuesto a las energías renovables, un extraño resquicio en la historia cortar Fiscal, en la cháchara de sus voceros.
Por lo tanto, aboga por un aplazamiento del calendario de la UE. Esto determina gradualmente la neutralidad de las emisiones para 2050. Aunque lo tuerce de manera vaga y furtiva: usa el verbo «flexibilizar», que nunca significa empujar o exigir más. Y parece comprometida con la protección de espacios verdes como Doñana, un parque que explícitamente lidera como si sus guías no cortocircuitaran sus aguas.
En el sector eléctrico, propone la supresión de la “excepción ibérica”, que, según la administración, ha supuesto un ahorro de 5.106 millones de euros a los consumidores españoles. Y alargaría la vida útil de las centrales nucleares, sin fecha ni cálculo de costes de explotación: el caso de Francia es diferente, tiene una potente industria manufacturera de estas centrales.
El ‘proyecto’ dice que mejorará los salarios mínimos vitales y apuntará a la sostenibilidad de las pensiones, pero no dice si esto significa volver al ‘factor’ de un aumento del 0,25% en lugar de ajustarse a la inflación. Y silencio absoluto sobre la reforma laboral, aunque Feijóo la calificó de “esencialmente buena”, sin retirar su recurso ante el Tribunal Constitucional. impermanencia y misterio.
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