José Luis Ábalos y Koldo García asistieron este jueves en silencio a la vista previa del juicio por la presunta conspiración en la compra de mascarillas durante la pandemia, que el Tribunal Supremo prevé celebrar en los próximos meses. El ex ministro y su asesor fueron trasladados a primera hora de la mañana desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) y, sentados uno al lado del otro con gesto solemne, pero sin interactuar, escucharon cómo sus defensas centraban sus argumentos en un mismo objetivo: obtener la anulación del procedimiento que había llevado a la apertura de un juicio contra ambos, o al menos obligar al Tribunal Supremo a remitir el caso a la Corte Nacional de Justicia, lo que retrasaría el juicio y, según los abogados, debería garantizar La liberación de Ábalos y García incluye. La Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo liderada por el PP les acusaron de querer retrasar el caso.
La audiencia, que duró casi cuatro horas, dejó la primera imagen del exministro y su exasesor desde que ingresaron en la prisión improvisada el 27 de noviembre. Junto a ellos estaba el tercer imputado, Víctor de Aldama, quien es considerado el ejecutor de la conspiración pero es el único que se encuentra en libertad. El comisionista recibió una importante rebaja de su pena (se le imputan siete años de prisión, frente a los hasta 30 años que se piden para Ábalos y García) porque se autoincriminó y aportó información sobre cómo funcionaba la red que supuestamente formaron durante la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes para adjudicar contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones.
Esta estrategia de Aldama fue cuestionada por el abogado de Ábalos, Marino Turiel, quien señaló que la defensa del empresario y la fiscalía habían llegado extraoficialmente a un acuerdo para reducir la pena del comisionista. “Exigimos que se nos informe cuál fue el acuerdo y en qué consistió”, afirmó Turiel. El abogado de Aldama, José Antonio Choclan, y el jefe del departamento anticorrupción, Alejandro Luzón, lo negaron rotundamente. «No hay ningún acuerdo, ni integral, ni completo, ni parcial», subrayó el fiscal, que aseguró que la fiscalía no sabía qué diría cuando el empresario confesara en el juzgado regional.
Luzón explicó que pide una pena de prisión mucho más corta para Aldama que para los otros dos acusados -siete años frente a los 24 que pide para Ábalos y 19,5 para García- porque la ley permite una reducción de la pena si se coopera con la justicia; y porque no está acusado de los mismos delitos que el exministro y su asesor. Se les acusa de pertenencia a organización criminal, uso de información confidencial, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos, mientras que al empresario sólo se le imputan los tres primeros cargos. En cualquier caso, subrayó, el Tribunal Supremo valorará plenamente las palabras del comisionista.
Choclán también hizo una fuerte declaración sobre este punto. “No hay ningún acuerdo de cumplimiento”, dijo, precisando que la fiscalía y él comparten algunos hechos y no están de acuerdo en otros. “Lo que hizo Aldama no fue firmar un acuerdo opaco, sino cumplir una ley penal”, enfatizó el abogado.
La reunión del jueves puso de relieve el distanciamiento surgido durante la investigación entre Aldama -líder de la presunta conspiración corrupta pero que acudió a los tribunales con un relato similar al de las acusaciones- y Ábalos y Koldo -que niegan todos los hechos que se les atribuyen-. Defensores del exministro y su exasistente se unieron para intentar impedirlo en casos extremos Realización de la audiencia oral. Esgrimieron una serie de razones que, a su juicio, deberían conducir a la anulación del caso y cuestionaron la competencia del Tribunal Supremo para juzgar este caso una vez que Ábalos ha renunciado a su condición de diputado y, por tanto, ha perdido sus títulos. La abogada de García, Leticia de la Hoz, incluso grabó un escrito minutos antes de comenzar la vista exigiendo que el Tribunal Supremo pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) qué órgano es el encargado de evaluar a Ábalos. El tribunal debe ahora examinar esta solicitud, que, de ser aceptada, supondría la suspensión del procedimiento hasta que el TJCE decida.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y la defensa de Aldama se opusieron radicalmente a la intención de Ábalos y García de llevar el caso a la Audiencia Nacional. Luzón y el abogado del PP, Alberto Durán, advirtieron de que el verdadero objetivo de esta defensa es retrasar el proceso. El fiscal advirtió de que si el Tribunal Supremo -que prevé iniciar el juicio después de Semana Santa- se deslinda del caso, el asunto no será conocido inmediatamente por la Audiencia Nacional, sino que se reabrirá la investigación para hacer ajustes, «con todo el retraso evidente que ello supondría». El resultado es que no habrá juicio “dentro de un plazo razonable”, advirtió.
Además, el fiscal distorsionó la defensa de García por sus «contradicciones», ya que inicialmente intentó lo contrario, que todas las investigaciones terminarían en la Corte Suprema. De hecho, subrayó que el exasesor podría haber solicitado en cualquier momento que fuera investigado en solitario ante el juzgado -donde se inició la investigación- ya que en ese momento el exministro era el único responsable. Para el fiscal, sin embargo, el comportamiento de ambos está “indisolublemente ligado”: “Koldo fue el que álter ego de Ábalos”. El abogado del PP enfatizó el mismo argumento. «Su destino está ligado al de Ábalos. «Juntos han cometido delitos y juntos deben ser condenados», dijo en referencia a Koldo García.
Las acusaciones también contradecían otra razón dada por el exministro y su asesor para anular el caso: que Ábalos fue investigado antes de que el Congreso le levantara la inmunidad a petición del Tribunal Supremo, y que la investigación iba mucho más allá de la investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, que la Cámara Baja aprobó, dijo la defensa.
En el ámbito de la lucha contra la corrupción, la inmunidad parlamentaria expira si se aprueba la solicitud. “De lo contrario entraríamos en el ámbito de la invulnerabilidad”, afirmó Luzón. En este sentido, también afirmó que la decisión sobre a qué órgano le corresponde conocer un caso no puede depender de “una decisión muy libre del imputado”. «Me parece una locura», añadió. El fiscal también insistió en subrayar que la detención era «un privilegio» del que disfrutaba «sin duda» Ábalos y que la competencia del Tribunal Supremo «no depende de un mero consentimiento» de su sala penal -como alega la defensa- «sino de una jurisprudencia pacífica».
En este sentido, la defensa de Aldama coincidió con las acusaciones. Para Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional, la decisión del Tribunal Supremo en este caso no sólo no es una pérdida de garantías, sino “un privilegio” por ser el máximo tribunal. A eso, añadió un argumento técnico: “Hay suficiente respaldo normativo” para determinar la competencia del Tribunal Supremo cuando se abren alegatos orales, más allá del acuerdo plenario de hace una década. El abogado se refirió a la Ley de Procedimiento Penal e incluso a un reglamento de 1912 para proteger los procesos penales de los “avatares” parlamentarios. En cualquier caso, destacó que la decisión no debe dejarse al azar “de la voluntad del titular”.
La audiencia preliminar también sirvió como oportunidad para que las partes modificaran sus presentaciones de prueba para el juicio. El fiscal rechazó interrogar al hijo de Ábalos como testigo y las acusaciones populares se aplicaron lo mismo al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán. Como novedad, la defensa de Koldo García exigió un careo con Aldama y que ambos se sometan a la prueba del detector de mentiras. El abogado del exasesor también solicitó la «contabilidad completa» de la empresa de Aldama para comprobar si hubo retiradas de efectivo cuando, según él, pagó a García para que éste a su vez repartiera el dinero a Ábalos. Luzón, por su parte, presionó para que se incluyera un atestado policial del caso hidrocarburos como prueba de los “regalos”. El tribunal aclarará todas las cuestiones planteadas en las próximas semanas.
